Escándalo en las oposiciones de la Seguridad Social al cambiar las normas tras el examen
Se presentaron 31.200 candidatos para 2.500 plazas, pero una extraña decisión pudo dejar fuera a los mejores
Ilustración de Alejandra Svriz.
Amaños, filtraciones de exámenes, tribunales a la carta, falta de transparencia y criterios arbitrarios se han convertido en los últimos meses en protagonistas de las oposiciones para acceder a la Administración pública. Diversas irregularidades, algunas desveladas desde THE OBJECTIVE, se han constatado en las pruebas de RTVE, Guardia Civil, en las de acceso al Cuerpo Diplomático o las previstas para convertirse en policía local en Albolote (Granada).
El último episodio con incidencias en oposiciones está vinculado a las previstas para incorporarse al Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social. Las pruebas se celebraron el pasado 30 de noviembre. Decenas de aspirantes han denunciado que los baremos y criterios de evaluación aplicados solo se conocieron después de las pruebas, concretamente el día que se supieron los candidatos que superaron la oposición. No es la primera vez que se produce un hecho similar, pero en esta ocasión tiene especial relevancia porque los puestos en juego fueron 2.500 y acudieron a realizar las pruebas 31.200 opositores. Ante hechos parecidos, los tribunales se han mostrado favorables a anular las pruebas y celebrar una nueva convocatoria.
El pasado junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. La convocatoria, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2023, incluía un total de 2.500 plazas. Estas oposiciones específicas, según destacaba el Gobierno, no se convocaban desde hace 30 años. Las pruebas tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre, pero la polémica ha surgido tras conocerse los cambios en los criterios de evaluación. Este diario llamó a la Seguridad Social para conocer su versión, pero no tuvo respuesta.
Oposiciones a administrativo
Una de las opositoras afectadas, que ha colgado un vídeo en X, antes Twitter, en el que se detalla perfectamente el suceso, resalta que cuando se realiza una oposición se fijan unas bases, «que son las que marcan las reglas del juego». Estas pautas determinan aspectos claves en las pruebas y qué parte del examen vale más. También las notas de corte, que son la puntuación mínima requerida para que el aspirante pueda asegurar una plaza.
En esta ocasión, destaca que cuando se han publicado las notas definitivas «nos hemos encontrado que el tribunal, tras realizarse el examen, ha establecido un corte diferente». De esta forma, algunos aspirantes con 80% de notas transformadas según las reglas del tribunal se han quedado fuera. «Mientras, otros con un 53% de notas transformadas, están dentro», señala. «Esta batalla no tiene que ver con los cortes, lo que reivindicamos es que se tengan en cuenta las bases previas», apunta. Ahora, el primer objetivo de los opositores es que la administración aclare y solucione esta incidencia. El siguiente paso es acudir a los tribunales.
Otro de los opositores afectados, en este caso un empleado público en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala a THE OBJECTIVE que las correcciones en la nota de corte se hicieron públicas el mismo día que se dieron a conocer los aspirantes seleccionados. Apunta además que en esa misma nota se dice que era conforme a los criterios publicados, «algo que es falso».
El examen de la Seguridad Social
De las bases se desprende que las partes del examen -teórica y práctica- se valorarían con 50 puntos cada una. Para superarlas, sería necesario obtener 25 puntos en cada una de ellas. De esta forma, quedaría 35/70 en la primera parte y 7,5/15 en la segunda. Finalmente, se seleccionarían las 2.500 mejores notas transformadas.
«Sin embargo, nos llegaban rumores de que sería el supuesto (el caso práctico) el que daría finalmente la plaza. Nos crearon tal duda al respecto que solicitamos al tribunal una nota adicional aclaratoria porque se afirmaba con mucha rotundidad. Sin embargo, el tribunal nunca nos contestó», señala. «Cuando sale la publicación tras el examen con las notas de corte, observamos que se le da al supuesto (15 preguntas) una importancia del 70% frente al 30% de la primera parte (70 preguntas)».
«Tras este cambio, suspenden personas con 69/70 y 10,25/15 y aprueban personas con 36,5/70 y 10,50/15«, indica. «Estamos consultando abogados especialistas en contencioso-administrativo y nos dicen que existen fundamentos de derecho para ir a alzada y continuar un contencioso-administrativo». Apunta que existe jurisprudencia del Supremo en este sentido.
La postura del Supremo
La Justicia se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el asunto, con lo que existe jurisprudencia. Los tribunales han abogado por la transparencia y porque todos los criterios en los que se va a basar la evaluación se determinen antes de las pruebas. El 20 de julio de 2022, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo concluía en una sentencia, cuyo ponente fue la magistrada Celsa Pico Lorenzo, que «conforme a la jurisprudencia sobre la transparencia y publicidad en el ámbito de los procesos de concurrencia, el principio de publicidad exige que los criterios de actuación del tribunal calificador sean precedentes a la realización de la prueba». Estos además deben ser notificados a los aspirantes, pues solo así se garantiza el principio de seguridad jurídica.
Ante las presuntas irregularidades en el desarrollo de un proceso selectivo, el Alto Tribunal señala que hay que declarar su nulidad «a partir del ejercicio en el que se hayan detectado, para que se repita». Antes de la realización de nuevas pruebas, se debe informar de los criterios específicos de puntuación a observar para valorarlos. Además, apunta que se deben respetar las pautas generales establecidas en las bases de la convocatoria. En el caso de que los aspirantes que superaron las primeras pruebas -las anuladas- ya se encontrasen dentro de la Administración, «la nulidad no se extiende a ellos». Resalta que los aspirantes, en estos casos, son ajenos a las irregularidades.
El pasado septiembre fueron anuladas, tras constatarse que se había filtrado el cuestionario a algunos de los aspirantes, las pruebas para periodistas que aspiraban a trabajar en RTVE. Ese mismo mes se suspendieron las oposiciones de la Guardia Civil tras acreditarse un «error en el etiquetado de una caja». Posteriormente, tal y como ha informado THE OBJECTIVE, surgieron irregularidades en las pruebas de acceso al cuerpo diplomático. Por último, también se han detectado importantes incidencias en el acceso a la Policía Local de Albolote (Granada). En este caso se han constatado amaños en la corrección de exámenes y pruebas diseñada ad hoc.
